Santos Cerdán León, un político español con una destacada trayectoria en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 2014 y 2025, se vio envuelto en un escándalo de corrupción que culminó con su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Este hecho marcó un punto de inflexión en el conocido como caso Koldo, convirtiéndose en la primera vez que se decreta esta medida para uno de los implicados.
Trayectoria política y primeros indicios de implicación
Nacido en Milagro, Navarra, el 4 de mayo de 1969, Cerdán se afilió al PSOE en 1999 y fue miembro de la Ejecutiva Regional del PSN desde 2004, ocupando diversos cargos orgánicos, incluyendo el de secretario de Organización. Su salto a la política autonómica tuvo lugar en febrero de 2014, cuando entró en el Parlamento Foral en sustitución de Román Felones.
El 30 de abril de 2024, compareció ante el comité de investigación del caso Koldo por acercar a Koldo García a los círculos del PSOE, tras ofrecerse a realizar varios trabajos de seguridad para el partido. Posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) encontró en el registro del domicilio de Joseba Antxon Alonso Egurrola "una escritura privada de compraventa de participaciones sociales" entre él y Cerdán. Este documento revelaría que Cerdán era propietario del 45% de Servinabar 2000, S.L., una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública en la Comunidad Foral de Navarra. Servinabar 2000, S.L. era una pequeña empresa pero con numerosas adjudicaciones en UTE con Acciona por un importe total superior a los 100 millones de euros.
El ingreso en prisión: Razones y diferencias con otros investigados
El Tribunal Supremo decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para Santos Cerdán en el marco del caso Koldo, una trama de presunta corrupción vinculada a la adjudicación irregular de obras públicas a cambio de comisiones. La investigación, que habría operado desde 2015 con epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro, señala que las adjudicaciones, por valor de más de 500 millones de euros, habrían beneficiado a empresas como Acciona Construcción en UTE con otras de menor tamaño, sin que presentaran las mejores ofertas económicas.
Indicios sólidos de delitos y rol preeminente
El juez instructor, Leopoldo Puente, consideró que Cerdán no solo participó en la trama, sino que ocupaba un papel esencial. Según el auto judicial, Cerdán ejercía como el "cabecilla" de la organización, con una función clave: la recaudación y distribución de las comisiones ilegales. El magistrado afirmó que mantenía con Ábalos y Koldo una relación "vertical, de cierta preeminencia", y que se encargaba de repartir los beneficios ilícitos entre los implicados. Esta posición jerárquica dentro del grupo delictivo fue una de las diferencias fundamentales respecto a los otros dos investigados. Se le imputaron los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El auto judicial describió a Santos Cerdán como el engranaje esencial de la presunta organización criminal. "Don Santos Cerdán resulta ser indiciariamente la persona que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación", afirmó el juez. Según la resolución, era él quien gestionaba directamente los contactos con las empresas adjudicatarias, recaudaba las comisiones ilegales y después las distribuía a otros miembros implicados, como José Luis Ábalos y Koldo García.
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Riesgo de fuga y de obstrucción de la justicia
Otro de los factores que motivó el ingreso en prisión de Cerdán fue el riesgo de fuga, señalado por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares. Además, el juez detectó un riesgo real de destrucción de pruebas y coacción de testigos, algo que no se apreció en el caso de Ábalos ni de Koldo. El auto señaló que la instrucción respecto a Cerdán estaba aún en una fase muy inicial, lo que agravaba estos riesgos. Por ejemplo, no se había practicado aún el registro domiciliario del exdirigente socialista, ni se había investigado en profundidad su situación patrimonial. Esta falta de avance contrastaba con las diligencias ya desarrolladas en los casos de Ábalos y García, y justificaba, en opinión del juez, la aplicación de medidas más estrictas.
El criterio diferenciado de la Fiscalía y el "botín oculto"
A diferencia de Ábalos y Koldo, para quienes el Ministerio Público no solicitó prisión, en el caso de Cerdán sí se pidió la prisión inmediata. Este cambio dio indicios de cooperación del exministro Ábalos con la investigación, lo que podría haber suavizado la posición de la Fiscalía. Esa colaboración, si existiera, no se habría dado en el caso de Cerdán, lo que contribuiría a justificar su diferente tratamiento judicial.
Finalmente, el juez también apuntó a la posible existencia de un "botín millonario" aún no recuperado por la justicia, y sospechaba que quedaban por localizar importantes cantidades de dinero procedentes de las comisiones, así como más personas implicadas que aún no habían sido identificadas ni investigadas. Cerdán, dada su supuesta posición en el epicentro de la trama, podría tener información clave sobre ambos aspectos.
"Inequívoca" vinculación con Servinabar
El auto consideró destacable que Cerdán estuviese relacionado con la empresa Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso. Junto con la constructora Acciona, esta compañía participó en varias adjudicaciones bajo sospecha. Los agentes hallaron comunicaciones del exdiputado con Koldo García para indicarle la transferencia de fondos desde esa mercantil, lo que evidenciaba que Cerdán disponía de una cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación con Servinabar. En casa de Alonso, la UCO localizó un documento donde el empresario traspasa en 2016 un 45% de las participaciones de dicha sociedad a Cerdán a cambio de 6.000 euros, aunque ambos negaban que llegaran a ejecutar ese acuerdo. Este documento, aunque no se elevó a público, subrayaba el vínculo de Santos con la mencionada mercantil.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reforzó los indicios de corrupción que pesaban sobre Santos Cerdán. El documento situó en el foco su relación con la empresa Servinabar, de la que era propietario junto a su socio Antxón Alonso, y que obtenía la mayor parte de sus ingresos de encargos públicos canalizados a través de la constructora Acciona.
Libertad provisional y medidas cautelares
El 19 de noviembre de 2025, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó la libertad provisional de Cerdán al considerar que apenas existía riesgo de destrucción de pruebas, imponiéndole como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte. Días antes, la UCO presentó al Tribunal Supremo un nuevo informe que revelaba que Cerdán y su entorno se beneficiaron de una trama de cobro de comisiones del 2% por obras públicas presuntamente amañadas, canalizados a través de Servinabar 2000, S.L. por cada contrato adjudicado a la constructora Acciona.
El juez recordó que el riesgo de destrucción de pruebas, "muy intenso" cuando se acordó la prisión provisional, aparecía hoy "seriamente mitigado". En su resolución, el juez detalló que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige riesgo de fuga, de destrucción u ocultación de pruebas o de reiteración delictiva para mantener la prisión provisional.
Otros casos de políticos españoles en prisión
El ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán trajo a la memoria otros casos de figuras políticas españolas que también pasaron por prisión por delitos relacionados con la corrupción.
Rodrigo Rato
El 16 de abril de 2015, Rodrigo Rato, expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del gobierno con José María Aznar, fue detenido por presuntos delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Tras siete horas de registro, quedó en libertad provisional. Rato acumuló varias condenas, incluyendo una de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, por la que ingresó en Soto del Real en octubre de 2018. A finales de diciembre de 2024, fue condenado otra vez por tres delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo por enriquecimiento ilícito.
José Barrionuevo y Rafael Vera (Caso GAL)
En 1998, José Barrionuevo, exministro del Interior en el primer gobierno de Felipe González, y su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey y por el delito de malversación de caudales públicos para financiar los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Los GAL, calificados por el Supremo como organización terrorista, estuvieron integrados por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sicarios profesionales para atentar contra ciudadanos vascos relacionados con ETA, y estuvieron financiados por el Estado. Barrionuevo y Vera fueron condenados a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta, pero ambos recibieron un indulto parcial y pasaron solo tres meses en prisión.
Eduardo Zaplana
Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo con Aznar y presidente de la Generalitat Valenciana, ingresó en prisión provisional el 24 de mayo de 2018 por indicios delictivos de cobro de mordidas, blanqueo y prevaricación en el marco del caso Erial. Ocho meses después salió en libertad condicional debido a una leucemia. Condenado finalmente a diez años de prisión en 2024 por prevaricación, cohecho y blanqueo por los sobornos recibidos a cambio de amañar la adjudicación de estaciones de la ITV, la Audiencia Provincial de Valencia permitió que no ingresara en prisión hasta que el Tribunal Supremo resolviera su recurso.
Carlos Fabra
Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón con el PP, ingresó en prisión el 1 de diciembre de 2014 para cumplir una condena de cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros al fisco. Tras 16 meses, salió en libertad condicional.
Jaume Matas
Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente y presidente de las Illes Balears, se vio envuelto en varios procedimientos judiciales por corrupción durante su gobierno. En marzo de 2010, el juez José Castro le impuso una fianza de tres millones de euros para no ingresar en prisión preventiva. Fue juzgado por una docena de delitos de corrupción, como prevaricación, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias, en el marco del caso Palma Arena y otros. Por el primer caso, fue condenado a seis años de prisión que el Supremo redujo a nueve meses. En pleno verano de 2014, Matas ingresó en la prisión de Segovia y el 31 de octubre salió al concedérsele el tercer grado. Por la condena del caso Nóos, volvió a la cárcel para cumplir cuatro años, y en agosto de 2020 salió con el tercer grado.
Pablo Crespo (Caso Gürtel)
Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia y director de empresas de la trama Gürtel, fue detenido en febrero de 2009. Fue condenado finalmente a penas que sumaban 90 años por el caso de corrupción por el que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo. Crespo cumplió nueve años de prisión efectiva y en 2024 se le concedió el tercer grado por buena conducta.
Luis Roldán
Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, protagonizó uno de los episodios más recordados de la corrupción política española: la trama de comisiones en el marco de las adjudicaciones para la construcción y reforma de cuarteles de la Guardia Civil. Roldán se fugó de España con más de 400 millones de pesetas de fondos reservados del Instituto Armado en abril de 1994. Finalmente fue localizado y detenido en el Aeropuerto de Bangkok en febrero de 1995. Conducido a la prisión de Brieva, fue juzgado en 1998 y condenado a 28 años de prisión por malversación, blanqueo, cohecho y fraude fiscal, pena que el Supremo aumentó a 31 años.