La justicia ha vuelto a pronunciarse en un caso que ha generado debate y controversia: la absolución de agentes de policía en el conocido como caso Merino Parrilla. Este suceso, que remonta a un incidente ocurrido en febrero de 2014, ha sido objeto de diversas investigaciones y sentencias, culminando en una resolución que ha desatado opiniones divididas.
Los hechos y las acusaciones
El incidente en cuestión se produjo el 2 de febrero de 2014, alrededor de las 13:45 horas. Un exsubinspector de la UIP, Ángel Luis G.M., sostuvo que sufrió un pisotón por parte de un manifestante, Jesús H.B., durante una intervención. Según su versión, no pretendía detenerle, tan solo identificarle, y en ese momento no utilizó fuerza alguna contra él, aunque no descartó haberle golpeado con la porra durante la intervención previa.
No obstante, la versión ofrecida por el funcionario en el juicio celebrado en abril de 2018 en el Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid, donde se sentaba en el banquillo al manifestante y a otros dos, acusados de delitos de atentado y lesiones, no concordaba. En aquella ocasión, el agente aseguró que el pisotón se lo infligió J.H.B. Posteriormente, en su nueva comparecencia, el policía sostuvo que el pisotón sí se produjo, y que el mismo no fue al aproximarse a la pancarta, sino en el momento en que condujo a Jesús H.B. En su descargo, como justificación de las supuestas contradicciones, el exsubinspector precisó que en aquel juicio contra los manifestantes declaró sin haber preparado la vista y sin haber visionado los vídeos que se mostraron en sala.
Frente a esto, el manifestante Jesús H.B. aseguró que el acusado le cogió por el cuello del abrigo, le metió la porra en los riñones y le llevó hasta el furgón mientras le profería insultos y amenazas. Mantuvo que le metió en el furgón y que a otro agente que había dentro le dijo: "¡Ponle los grilletes y si se mueve, crújele!". Además, la Audiencia Nacional censuró la violencia policial y la desproporción de la actuación de los agentes intervinientes.
A pesar de testigos, actuación policial, si la víctima no denuncia…
El proceso judicial y las sentencias
Las acusaciones pública y particular solicitaron condenas de un año y nueve meses y tres años de cárcel, respectivamente, para el funcionario. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha vuelto a absolver al funcionario al considerar no acreditado que Ángel Luis G.M. le infligiera un pisotón. El tribunal ha dado por sentado que el pisotón sí sufrió, pero la autoría no ha sido suficientemente probada. El abogado defensor criticó que se ha tratado de desvirtuar la realidad para presentar un ambiente de represaliados y para tratar de crear una imagen de su patrocinado como una persona violenta que abusa de su uniforme, justificando las supuestas contradicciones del encausado en el hecho de que este no recuerda bien lo ocurrido hace cuatro años.
La Audiencia Provincial confirmaba así lo ya recogido en el auto de imputación de 8 de enero del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid que dijo que “de lo actuado se desprende que el día 19 de abril de 2018, se celebró el juicio oral en el Juzgado de lo penal nº 3, de Valladolid, P.A. 355/16, en el que declaró como testigo el investigado en su condición de agente de la Policía Nacional, pese a estar advertido de la obligación de decir verdad en causa penal, y de las consecuencias legales en caso contrario, faltó a la verdad sobre lo ocurrido en el incidente ocurrido el día 2 de febrero de 2014, sobre las 13.45 horas, ya que sostuvo que el señor H.B.
Contexto de casos similares y el debate sobre la actuación policial
Este caso no es un incidente aislado en el panorama judicial español. La absolución de policías en situaciones controvertidas ha generado un debate recurrente sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la aplicación de la justicia. La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, que modificó el régimen de competencias en materia de urbanismo en España, aunque no directamente relacionada con este caso, muestra cómo los cambios legislativos pueden tener un impacto significativo en la interpretación y aplicación de la ley.
En el ámbito de la corrupción urbanística, por ejemplo, la ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2006 señaló que el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno, sobre todo "en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades". Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe Auken, que pedía a las autoridades regionales que declararan una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetaran los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y criticaba los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales.
A continuación, se presenta una tabla con algunos ejemplos de casos de corrupción urbanística en España, que aunque no directamente relacionados con el caso Merino Parrilla, ilustran la complejidad del sistema judicial y la diversidad de acusaciones y sentencias.
| Localidad | Descripción del caso | Implicados | Delitos imputados |
|---|---|---|---|
| Carboneras | Compra de terrenos del hotel El Algarrobico para restaurar la playa. | Presidente de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves) | - |
| Cuevas del Almanzora | Construcción de viviendas a 10 metros de la línea de costa. | - | - |
| Ohanes | Imputación en 2009 por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. | Juan Antonio Sierra (PSOE) | Prevaricación, cohecho |
| Zurgena | Concesión de licencia de obras a 1300 chalés en zonas no urbanizables. | Concejales del Ayuntamiento, presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Tomás Zurano), alcalde (Cándido Trabalón) | Prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho |
| Chiclana de la Frontera | Desmantelamiento de entramado de técnicos del Ayuntamiento y agentes inmobiliarios. | Técnicos del Ayuntamiento, agentes inmobiliarios | - |
| El Puerto de Santa María | Detenciones por presunto caso de corrupción urbanística. | Cinco imputados | - |
| Rota | Alcaldesa imputada por caso de corrupción urbanística. | Alcaldesa (Eva Corrales, PP) | Corrupción urbanística |
| Alcaucín | Operación contra la corrupción urbanística, con detención de 13 personas. | Alcalde (José Manuel Martín Alba, PSOE), hijas del alcalde, jefe del servicio de arquitectura municipal, arquitectos, empresarios, intermediario | Cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa |
| Alhaurín el Grande | Detención del alcalde y concejal de urbanismo por cohecho y prevaricación. | Alcalde (Juan Martín Serón, PP), concejal de urbanismo (PP) | Cohecho, prevaricación |
| Almáchar | Imputación al presidente de la Diputación y anterior alcalde por prevaricación omisiva. | Presidente de la Diputación y anterior alcalde | Prevaricación omisiva |
La absolución en el caso Merino Parrilla, al igual que en otros procesos, resalta la importancia de la prueba en el sistema judicial y la dificultad de establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable, especialmente cuando existen versiones contradictorias y la interpretación de los hechos es compleja.