Desde el 11 de noviembre de 2022, los trabajadores de la panificadora Butrón en Chiclana de la Frontera, Cádiz, se encuentran en huelga. La movilización, que inicialmente involucró a unos 23 trabajadores, se inició en defensa de unas condiciones laborales dignas y contra el despido de dos empleados, que el sindicato CGT denuncia como represión sindical.
Orígenes del Conflicto
Según el relato de los trabajadores, el conflicto comenzó con un intento de diálogo con la empresa debido a "condiciones de trabajo pésimas" y el incumplimiento del convenio. Ante la respuesta de la empresa de que "eso era lo que había", los trabajadores decidieron organizarse y constituir la sección sindical de CGT. Tras un segundo intento fallido de negociación, se planteó la convocatoria de una huelga. En este contexto, la empresa despidió a Paqui, descrita como la trabajadora más antigua (17 años) y afiliada a CGT, con la presunta connivencia de UGT, calificado por los huelguistas como un "sindicato" de empresa formado mayoritariamente por familiares del jefe.
Posteriormente, se produjo el despido de José María Guerrero, quien también era delegado sindical de CGT. La empresa argumenta que los despidos se debieron a motivos disciplinarios "graves", mencionando como causas el fumar en un patio y varias faltas injustificadas, aunque el empleado considera que el motivo real fue su afiliación y posterior elección como delegado sindical.
Reclamaciones y Posturas
Los trabajadores exigen la readmisión de los empleados despedidos y denuncian la precariedad laboral y los abusos sufridos por parte de la empresa. El sindicato CGT ha declarado que "queda demostrado que hemos actuado siempre dentro de la legalidad frente a un empresario tramposo que vive de aprovecharse de los más débiles y que usa el miedo a perder el trabajo como arma para explotarlos sin compasión".
La empresa, por su parte, interpreta la sentencia de despido improcedente como una cuestión de forma, argumentando que no se siguió el trámite correspondiente, pero que no se vieron vulnerados los derechos fundamentales. Según la empresa, "el Juzgado entiende que no ha existido vulneración de derechos fundamentales y por lo tanto no ha habido ningún tipo de persecución sindical. Determina que el motivo del despido se produce a consecuencia de conductas en las que incurrió reiteradamente el trabajador y declara la improcedencia porque la empresa no siguió el trámite adecuado para perfeccionar la extinción de la relación laboral; es decir que se incurrió en defectos de forma que hacen que el despido haya sido calificado de improcedente, pero no porque en el fondo no hubiera razones más que de sobra para despedir al trabajador". La empresa también ha denunciado haber sufrido numerosas injurias, boicots y descalificaciones.
Evolución del Conflicto y Decisiones Judiciales
La huelga fue declarada legal por los tribunales en sus inicios. Sin embargo, un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla ha dado la razón a la empresa y ha declarado la huelga convocada por los trabajadores "ilegal", tras resolver a su favor el Recurso de Suplicación que interpuso contra una demanda interpuesta por un grupo de trabajadores, en concreto, sentencia de fecha 12 de mayo de 2023 del Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz.
A pesar de la declaración de ilegalidad de la huelga por parte del TSJA, los trabajadores han mantenido su protesta. Se esperaba que, a partir del 17 de julio, una parte de los trabajadores en huelga se reincorporase a su puesto de trabajo, aunque el sindicato esperaba que no se produjeran represalias. La huelga continuaría, pero los trabajadores planeaban cambiar la estrategia de lucha, ya que los huelguistas estaban siendo reemplazados por trabajadores de otra empresa.
Prácticas Laborales y Denuncias
Los trabajadores han dirigido burofax a la panificadora para exigir el cumplimiento de la ley en cuanto a un registro de jornada fiable. Entre las prácticas denunciadas se encuentran los continuos cambios de turno sin previo aviso, algo que ya ha sido puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo. El convenio, según los trabajadores, estaba caducado desde 2016, y se les exigía firmar como si hubieran cobrado tres pagas que no recibieron.
Apoyo y Estrategias de Lucha
Desde el inicio de la huelga, varios trabajadores permanecen acampados día y noche frente a la nave de la empresa. Han realizado siete manifestaciones en Chiclana y Cádiz. Han buscado mediación a través de grupos políticos locales como Podemos y Adelante Andalucía, e incluso del alcalde de Chiclana. A través de la CGT, han establecido una "caja de resistencia" para apoyar económicamente a los huelguistas, quienes denuncian que la empresa les paga menos de lo que percibían anteriormente.
El sindicato anima a la solidaridad, instando a apoyar a los compañeros de Butrón con donaciones a la caja de resistencia. La situación se mantiene enquistada, y la resolución satisfactoria para alguna de las partes parece depender de lo que dicte la justicia.
La empresa, por su parte, ha denunciado un "linchamiento nacional" y ha detallado actos vandálicos como pinchazos de ruedas, robos de gasoil y cortes de wifi. Consideran que la CGT está pagando a los empleados en huelga para mantener la protesta.
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