El sindicato de la Coca-Cola en Guatemala, un capítulo oscuro y trágico en la historia laboral del país, surgió en 1948, coincidiendo con la apertura democrática tras la Revolución de Octubre de 1944. Sin embargo, su existencia se vio truncada en 1954 con el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz y la subsecuente represión al movimiento sindical, que llevó a su disolución.
El resurgimiento del sindicato se produjo en diciembre de 1974, marcado por la reorganización de los trabajadores tras ser indemnizados por la empresa. Esta indemnización, que implicaba la pérdida de antigüedad, fue el detonante para que los asalariados buscaran asesoría en la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Sus primeras acciones incluyeron la presentación de un pliego de peticiones ante un juzgado de trabajo y la convocatoria a una asamblea general para la constitución formal del sindicato.
La tensión escaló el 24 de enero de 1976, cuando los trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A. (EGSA-Coca-Cola) ocuparon la fábrica tras el despido de 154 de ellos. La respuesta patronal fue contundente: la solicitud de intervención de la fuerza pública, que desalojó violentamente a los obreros, dejando 12 heridos y 14 detenidos. Este evento catalizó la solidaridad de varios sindicatos, dando lugar a la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
El CNUS desempeñó un papel crucial al encabezar campañas de movilización y denuncia que culminaron en el reconocimiento legal del Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A. (STEGSA), la reinstalación de los despedidos y el compromiso de la empresa de discutir el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Los lazos del sindicato se extendieron a organizaciones como la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Si bien existía una reticencia generalizada en el movimiento sindical hacia los partidos políticos, algunos dirigentes mantenían vínculos establecidos, e incluso sindicalistas de base pertenecían a organizaciones insurgentes.
La empresa EGSA-Coca-Cola mantenía una estrecha relación con los agentes de seguridad del Estado para ejercer un control directo sobre los trabajadores. Las Fuerzas de Seguridad sostenían reuniones con los propietarios de la empresa, incluyendo a John C. Trotter, propietario de la franquicia de Coca-Cola, Alfonso Riege y otros empleados, mientras que por parte del Estado intervenía el coronel Germán Chupina Barahona. La empresa también recurrió a acciones legales, como la fragmentación de la compañía en doce razones sociales distintas, consideradas por los dirigentes sindicales como atentados contra la unidad sindical.
El control del personal se ejercía a través de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en puestos administrativos clave, como jefe de personal, jefe de almacén y jefe de seguridad. Incluso se contrató a exmilitares, como el ex teniente Francisco Javier Rodas Flores, y a la Policía Militar Ambulante (PMA) para la seguridad.
Atentados y Amenazas: La Campaña de Terror
En este contexto de represión, se produjeron varios atentados contra trabajadores y líderes sindicales. El 10 de febrero de 1977, Ángel Villegas y Oscar Humberto Sarti sobrevivieron a un ametrallamiento, días después de haber acusado a uno de los jefes de la empresa por amenazas de muerte. El 2 de marzo, los asesores del sindicato, Marta Gloria de la Vega y Enrique Torres, resultaron heridos en un atentado contra sus vidas.
El 16 de octubre de 1978, Israel Márquez Pivaral, secretario general del sindicato, salió ileso de un ataque a balazos. Sin embargo, las continuas amenazas e intimidaciones lo obligaron a abandonar el país en febrero de 1979. Otros sindicalistas también recibieron amenazas de muerte firmadas por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA).
El ambiente en la embotelladora era de extrema tensión, descrito por un declarante como un "cuartel", con una ametralladora calibre 50 apuntando a la entrada de los trabajadores como medida de intimidación. A pesar de las amenazas y la reticencia de la administración a tratar con los sindicalistas, a quienes consideraban de "extrema izquierda", el sindicato logró la firma del pacto colectivo de condiciones de trabajo en febrero de 1978.
Sin embargo, entre 1978 y 1980, siete miembros y líderes del sindicato fueron asesinados y dos más desaparecieron forzadamente. Documentación desclasificada revela la determinación de la empresa de "poner fin al sindicato".
Ejecuciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas
La violencia se intensificó con las ejecuciones arbitrarias de sindicalistas. El 12 de diciembre de 1978, Pedro Quevedo y Quevedo, primer secretario general del STEGSA, fue asesinado a balazos en la colonia La Florida. Había recibido amenazas de muerte previas.
Al mes siguiente, el 24 de enero de 1979, Manuel Moscoso Zaldaña fue asesinado en un ataque con armas de fuego. Su esposa resultó gravemente herida. Se presume que el ataque iba dirigido a Israel Márquez, secretario general del sindicato, a quien los Moscoso habían alquilado su casa. La pareja fue víctima colateral de la represión, a pesar de no tener vínculos con el sindicato.
Tras el exilio de Israel Márquez, Manuel Francisco López Balam asumió su puesto. A pesar de haber sufrido atentados previos y tomar medidas de seguridad, López Balam fue asesinado el 5 de abril de 1979. Fue golpeado con un tubo de hierro y degollado mientras realizaba su labor de distribución del producto. Sus agresores intentaron hacer pasar el crimen como un robo común.
La muerte de López Balam exacerbó la confrontación entre trabajadores y empresa, con un redoblado número de agentes de seguridad y perros. La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA) inició campañas internacionales para presionar a las autoridades guatemaltecas y detener la ola de violencia.
En enero de 1980, se discutía un boicot a la producción y consumo, mientras Trotter se negaba a discutir un nuevo convenio colectivo, vencido el 2 de febrero. El 13 de abril, tras la negativa de la empresa, los trabajadores acudieron a los tribunales. Ese mismo día, 31 trabajadores, incluyendo tres miembros del comité ejecutivo del sindicato con fuero de inamovilidad, fueron despedidos, aunque tres directivos fueron reinstalados por orden judicial.
El 1 de mayo de 1980, tras la marcha del Día del Trabajo, Ricardo de Jesús García Ayfan y Arnulfo Gómez Segura, miembros del sindicato, fueron detenidos. García Ayfan fue torturado y asesinado, su cadáver apareció en Chiquimulilla. Gómez Segura también fue torturado brutalmente, mutilado y asesinado, su cadáver apareció en el puerto de Iztapa.
René Reyes, miembro de base, fue secuestrado y torturado en mayo de 1980. Marlon Randolfo Mendizábal fue asesinado el 27 de mayo de 1980, víctima de una ráfaga de ametralladora. Antes de su muerte, Mendizábal había sufrido encarcelamiento, intentos de detención y amenazas de muerte.
Tras el asesinato de Mendizábal, Mercedes Gómez fue electo secretario general. El 21 de junio de 1980, Edgar René Aldana, afiliado de base, fue capturado, torturado y asesinado dentro de la fábrica, posiblemente confundido con Gómez. Ese mismo día, 27 miembros de la CNT, incluyendo a Ismael Vásquez y Florentino Gómez del comité ejecutivo del sindicato de Coca-Cola, fueron secuestrados y desaparecieron.
75. El sindicalismo en Guatemala. Dimensión con Dionisio Gutiérrez
Otros Hechos de Violencia y Conclusiones
El 20 de junio de 1980, Francisco Javier Rodas Flores, jefe de personal de Coca-Cola, fue asesinado. Las FAR reconocieron públicamente haberlo "ajusticiado". El 10 de julio de 1980, Justiniano Vargas Casasola, trabajador de Coca-Cola, fue asesinado. Su cadáver portaba un carnet que lo identificaba como miembro del servicio de inteligencia militar.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó que entre 1978 y 1980, siete sindicalistas de Coca-Cola y una persona particular fueron ejecutados arbitraria y sistemáticamente, y dos más desaparecieron forzadamente. Los asesores jurídicos y varios miembros del sindicato sufrieron amenazas e intimidaciones, violándose derechos fundamentales.
La CEH presume que los sindicalistas fueron víctimas de operativos en los que participaron agentes del Estado o personas bajo su protección, tolerancia o aquiescencia, dada la capacidad de acción, el modus operandi de los perpetradores y el control de las fuerzas de seguridad.
La ejecución de un funcionario de la empresa por parte de las FAR y la tortura y ejecución de un trabajador, presunto agente de inteligencia militar, por desconocidos, son parte de los hechos que la CEH analizó.
La historia del sindicato de Coca-Cola en Guatemala es un testimonio de la brutalidad y la represión sufridas por los trabajadores en su lucha por derechos laborales, un capítulo que subraya la importancia de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.